Sigilo, proteción y mucho rumor sobre finanzas en Poder Judicial

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La estructura judicial la protege. El ambiente judicial está dividido sobre el tema. El rumor es que hay protección para ella. Por encima de los derechos y obligaciones, los antecedentes la ponen entre la cuerda. Se trata de un alto cargo administrativo y financiero para quien en su momento fue separada de una de las direcciones de la parte financiera por decisión del Consejo de la Superintendencia de la Corte.

Las rumores en el Poder Judicial son de ida y vuelta. Sin embargo, casi nadie habla a cara descubierta. Todos tratan de ocultar el tema. Incluso quienes deben colocar la agenda frente a la opinión pública. Empero, en los pasillos judiciales se da como un hecho la designación de una nueva Directora General de Administración de Finanzas. Todo está digitado para que el alto cargo sea para Rosa Lucía Santacruz, según las fuentes judiciales.

Ella ya ocupó la dirección financiera, de acuerdo a confirmaciones que vienen del mismo Poder Judicial. De ese puesto fue removido, constan en los archivos de todos los medios de prensa, por presuntas irregularidades. Ahora tendría la mano amiga en la esfera judicial no sólo volver en el manejo de las finanzas sino para ascender como Directora General de Administración y Finanzas.

Los archivos de los medios paraguayos hablan de un pasado complicado de la citada funcionaria pública. Por ejemplo, aparecen notas que hablan que en un momento percibió como remuneración G. 71 millones, a pesar de tener un salario de un poco más de Gs. 8 millones. En algunos casos, llegó a recibir montos superiores, incluso, que el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia. A eso se suman otras desprolijidades que terminaron secándola del puesto anterior.

La decisión de su salida del cargo en la Dirección de Finanzas por parte del Consejo de Superintendencia fue ratificada por el pleno de la misma Corte Suprema. Sin embargo, ahora, con el aval de un cierto soporte de algunos amigos del Poder Judicial pretende volver, pero en una instancia superior: La Dirección General de Administración y Finanzas del Poder Judicial. El tiempo dirá sí eso será realidad o no.

 

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