Guerra de poderes: Venezuela se impone la Constituyente

La Asamblea de Maduro se atribuye por decreto potestades del Parlamento.

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La guerra de poderes en Venezuela se intensificó ayer luego que la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por el presidente Nicolás Maduro se atribuyó por decreto las facultades del Parlamento -de mayoría opositora- electo por 14 millones de venezolanos.

La medida se tomó luego que la junta directiva del Legislativo no acudió a la cita del plenario con los 545 asambleístas oficialistas para subordinarse al órgano plenipotenciario tal y como lo hicieron en los últimos días los demás poderes públicos. Delcy Rodríguez, presidente de la ANC, aclaró que “no hay disolución de la Asamblea Nacional”, sino que la Constituyente tiene las facultades para adoptar las funciones “sin menoscabo del cumplimiento de las competiciones consustanciales a cada rama del poder público”.

Polémico decreto. De acuerdo al decreto, la ANC puede “legislar sobre las materias dirigidas a garantizar la preservación de la paz, la soberanía, el sistema socio económico y financiero y la preeminencia de los derechos de los venezolanos”.

La Asamblea Nacional aseveró en Twitter que Maduro busca anularla a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por lo que, dijo, no reconoce ni acatará esa decisión, que calificó como un “golpe de estado”.

“La ANC es nula y sus actos ilegales e inconstitucionales. Decisión de anulación no será acatada por AN, comunidad internacional o pueblo”, agregó el Congreso, que convocó a sus seguidores y a miembros del cuerpo diplomático a una sesión en la mañana del sábado.

“La directiva AN y diputados de la Unidad (Mesa de la Unidad Democrática) no reconocemos ni acatamos disolución que pretende imponer (el presidente Nicolás) Maduro a través de fraudulenta ANC”, expresó la directiva parlamentaria a través de su cuenta oficial de Twitter.

En una carta abierta, la junta directiva parlamentaria había señalado que consideraba nulo los “mandatos y todos los actos emanados” de la Constituyente, elegida el 30 de julio entre denuncias de fraude y desconocida por más de una docena de países latinoamericanos, Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la OEA.

Críticas del exterior. Para el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, este hecho representa un atentado al sistema constitucional de Venezuela.

“Diosdado Cabello asumir sus funciones es atentado inconstitucional directo a la existencia de la Asamblea Nacional de Venezuela”, escribió en su cuenta de Twitter.

Este hecho también provocó la reacción de los expresidentes bolivianos Carlos Mesa Jorge Tuto Quiroga, quien tildó de ladrones al mandatario venezolano Nicolás Maduro y al dirigente chavista Diosdado Cabello.
Y para Mesa la administración de Maduro rompió el último lazo que lo vinculaba con la democracia en ese país.
“El gobierno del presidente Maduro acaba de romper el último lazo que aún lo vinculaba con la democracia”, escribió en su cuenta de Twitter.

PDVSA, bloqueado. Mientras tanto, el presidente de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) denunció que su compañía sufre un bloqueo financiero de Estados Unidos sin que haya aún una sanción económica vigente en su contra, lo que daña la capacidad de la compañía para recibir los pagos por sus embarques.

Maduro también ha denunciado desde hace meses que el Gobierno es víctima de un bloqueo financiero, que no le permite emitir o renegociar deuda externa, por una campaña que sus adversarios han llevado a Wall Street y que busca derrocarlo.

Exfiscal acusa a Maduro de estar involucrado en caso Odebrecht

La fiscal venezolana destituida, Luisa Ortega, aseguró ayer tener datos que vinculan al presidente Nicolás Maduro con operaciones de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela.

En un encuentro de procuradores y fiscales latinoamericanos en el centro de México, Ortega señaló en una videoconferencia que fue removida porque el gobierno de Maduro quería impedir que siguiera con sus investigaciones sobre Odebrecht y pidió a los fiscales no compartir información con Caracas para evitar que sea usada para evadir la justicia. Ortega dijo que el mismo día de su destitución, su oficina sufrió un “asalto” por parte de las autoridades y que sometieron al personal. Aseguró que a 64 fiscales nacionales especializados en corrupción se les ha prohibido salir del país, como a ella, “sin ninguna fórmula procesal, por capricho”.

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